El Gobierno ha presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley que reforma el sistema de educación superior. En ese contexto, sin perjuicio de la tramitación de que será objeto, los parlamentarios que suscribimos, venimos en anticipar los que nos parecen principios esenciales que deben ser cautelados en dicho texto:
1. La educación superior es parte sustantiva del proyecto de desarrollo del país y de sus regiones. La educación superior debe ser concebida y organizada en función de los intereses y necesidades permanentes del país y de sus objetivos en el mediano y largo plazo. Lo anterior tiene particular relevancia en el aspecto territorial. Las universidades regionales deben ser un factor decisivo en el desarrollo local. 2. Las instituciones de educación superior estatales son la columna vertebral del sistema. Corresponde a las instituciones del Estado, tanto universidades como Centros de Formación Técnica (Institutos Tecnológicos) estructurar el sistema, garantizando el derecho social a la educación, velando por la promoción de la democracia y los derechos humanos, asegurando la integración social y empujando el desarrollo económico y espiritual de la nación. Lo anterior, sin perjuicio de reconocer y valorar el aporte de instituciones no estatales que, históricamente, desde sus proyectos específicos, han contribuido a estos objetivos de bien público con responsabilidad compromiso.
3. Disponer de un programa específico para potenciar la educación superior estatal. En las últimas décadas la educación superior chilena ha tenido cambios muy profundos. El sistema mixto tradicional en el país se ha debilitado como consecuencia de la pérdida de peso específico del sector estatal, cuya matrícula alcanza hoy el 14,8% del total, siendo sus cupos insuficientes para atender los requerimientos de las familias y estudiantes. Por ello, estimamos indispensable iniciar un proceso decidido tendiente a fortalecer las instituciones de educación superior del Estado, a través de un financiamiento tanto para la gratuidad como basal permanente y de un plan de inversiones en infraestructura y recursos humanos que aseguren su crecimiento cuantitativo y cualitativo. Nos parece indispensable, asimismo, avanzar en flexiblizar los obstáculos administrativos que entorpecen hoy su gestión e impulsar una política de recursos humanos que permita el perfeccionamiento y renovación de sus cuadros docentes.

4. Instituciones complejas que involucren docencia y la provisión de otros bienes públicos. El quehacer de las instituciones de educación superior comprende mucho más que la formación de profesionales. La investigación y la vinculación con el medio son un elemento sustantivo de lo que el sistema debe ofrecer a los estudiantes y a la sociedad. Para ello, deben asegurarse los medios y herramientas indispensables para ese cometido y exigirse a las entidades un nivel de complejidad que les permita cumplir con esos objetivos.
5. Máxima transparencia y fiscalización en el uso de recursos públicos. La expansión del aporte del Estado para incrementar progresivamente la gratuidad del sistema debe ir acompañada de los procedimientos de control y sanción adecuados para garantizar la ausencia de lucro y el buen uso de los recursos públicos comprometidos. Los aportes que efectúa el Fisco, de manera directa o indirecta, a Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, deben administrarse con absoluta transparencia.
6. Profundizar la democracia y participación en la gobernanza de la educación superior. Las Universidades del Estado constituyen antes que nada comunidades, en donde intervienen diversos estamentos (académicos, funcionarios no académicos y estudiantes), todos indispensables para sus fines. Resulta de gran importancia avanzar en la profundización de la democracia y la participación interna, considerando mecanismos que permitan su expresión en el gobierno universitario, particularmente de sus órganos directivos superiores.