No hay que ser abogado para entender las razones jurídicas que se exponen en el fallo del Tribunal Constitucional para denegar la petición del ejecutivo de declarar inconstitucional lo aprobado por el Congreso por amplia mayoría. La respuesta del TC le propinó una de las derrotas políticas más estrepitosas a un gobierno, desde que se tenga memoria.

Muchos dirán que el fallo no tiene nada de legal, que solo es un asunto político y que los problemas al interior del mismo tribunal fueron el factor que gatilló la derrota del ejecutivo. Esto, si bien puede ser cierto, no excluye que de todos modos resulte interesante, creemos, analizar el fallo.

De especial interés son los considerandos 38, 39 y 40.

38°. En efecto, con fecha 26 de abril se ha presentado en la Cámara de Diputados el “MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 21.295 Y ESTABLECE UN RETIRO EXTRAORDINARIO DE FONDOS PREVISIONALES Y RECUPERACIÓN DE AHORROS PREVISIONALES EN LAS CONDICIONES QUE INDICA”, N° 061-369. De ello deriva que el poder ejecutivo ya ha ejercido la iniciativa legislativa, sin que pueda entonces existir al día de hoy la posibilidad de sostener una eventual infracción constitucional en la discusión de tal materia, sin preterir que diversos aspectos cuya constitucionalidad son objeto de reproche en el presente requerimiento de inconstitucionalidad, particularmente los relativos a una afectación al sistema de seguridad social emanado del numeral 18° del articulo 19 de la Constitución, que se configuraría por destinar aquellos fondos a una finalidad diversa de la protección a las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o sobrevivencia parecen contradecirse, por cuanto la iniciativa presidencial recientemente presentada formula similares consecuencias y contenidos normativos, cuestión sobre la cual no se emitirá́ pronunciamiento de constitucionalidad en esta oportunidad al no abrirse proceso y al no ser el nuevo proyecto objeto de control.

39°. Entonces, mediante la tramitación de un proyecto de ley de su autoriza, que contiene la misma idea matriz del proyecto de reforma constitucional cuestionado, el Ejecutivo requirente resulta desdiciéndose de sus reproches de constitucionalidad a través de un acto propio suyo.

40°. Es en este punto que se hace aun más necesaria la satisfacción de la carga procesal de modificación del requerimiento para haber logrado actualizar, o bien precisar con claridad y permanencia el objeto de control de la litis planteada al requerir, puesto que al perder actualidad y modificarse la norma, aparece que no es un conflicto que haya terminado de delimitarse. A este respecto, la presentación del proyecto de ley ¿Como es posible debatir sobre la vulneración al derecho a la seguridad social y a las rentas vitalicias si por iniciativa del mismo órgano requirente se estaría permitiendo que los mismos mecanismos cuestionados se reproduzcan en otro proyecto de ley, más aún citando como precedente un voto de empate que se refiere expresamente a tales cuestiones en la destinación de los fondos previsionales? Es evidente entonces se convoca al Tribunal a razonar y fundamenta y a las cámaras a legislar fuera de los estándares de constitucionalidad que el propio requerimiento busca sustentar.

De lo anterior, se concluye que el TC señala que el gobierno no puede pedir que se declare inconstitucional una materia sobre la cual el ejecutivo ha presentado proyectos de ley con la misma idea matriz. Es más, declara el propio tribunal que cuando se analizó el fondo del asunto, la votación en el TC resultó empatada.

Solo queda pensar que el gobierno apostó a que fueran cuales fueran sus argumentos jurídicos, el Tribunal Constitucional fallaría a su favor. Otro error más, en este caso un autogol de larga distancia.