Cuando pensamos en caza furtiva de animales, tala ilegal de maderas preciosas y tráfico de la vida silvestre, las primeras imágenes que se nos vienen probablemente son elefantes, rinocerontes, tigres o monos. Cuando es más cerca, árboles y aves del Amazonas, nada de Chile. Nuestro imaginario no concibe la idea de grupos criminales organizados, con alto poder de fuego, realizando operaciones complejas para internar al país o extraer de éste especies protegidas. No podríamos estar más equivocados; ya murieron dos carabineros el año 2015, por presunto tráfico de fibra de vicuña. Es justamente este desconocimiento, que bordea en la indiferencia, el que facilita la impunidad, condenando al patrimonio ambiental chileno y arriesgando la seguridad de los funcionarios en terreno.

El 8 de marzo del 2010 ingresó para su discusión en el Congreso, el proyecto de ley que aplica CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Constituye uno de los acuerdos multinacionales más importantes en materia de protección, suscrito en Washington en 1973, y combina derecho ambiental, aduanero y comercial.

El tráfico de vida silvestre es el cuarto entre los ilegales, junto con el de personas, armas y drogas. Según la ONU, anualmente significa 20.000 MUS$. Entre el 2003 y 2014 el Servicio Nacional de Aduanas realizó más de 30.000 retenciones en controles fronterizos. Chile es parte del CITES desde el año 1975, y fue el octavo país que ratificó la Convención. Hoy son 181 los estados partes que protegen a más de 35.000 mil especies de plantas y animales, además se destaca por haber sido un Estado activo en la Convención que se hizo el año 2002 en nuestro país. Con la amenaza de la biodiversidad, se están perdiendo miles de especies por año en nuestro planeta.

Es natural, entonces, que luego de cuarenta y un años de implementación de la Convención, se apruebe este importante proyecto de ley para nuestro país.

Con la ley que estamos aprobando por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico se sancionará este comercio y la posesión ilegal, estableciendo desincentivos reales y efectivos para detener el tráfico. Se reconoce la necesidad ciudadana de la protección transversalmente apoyada por científicos, académicos, representantes de las ONG´s y expertos, dándoles participación y con esto damos cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas desde hace décadas.