El lawfare o “guerra judicial”, que se entronizó en América latina a comienzos de este siglo, sufrió dos severos reveses en el último tiempo tras sendos fallos judiciales que favorecieron a Lula en Brasil y a Cristina Fernández en Argentina.

Al levantamiento de las acusaciones contra el líder del PT, por mala praxis del fiscal acusador y luego ministro de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, se sumó esta semana la orden de la justicia argentina para cesar la intervención a las sociedades de la familia Kirchner y devolverle su administración de dos empresas dedicadas a arrendar propiedades, principalmente hoteles, oficinas y casas, en la provincia de Santa Cruz.

El abogado de la actual vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi, había denunciado que después de casi cinco años de una intervención ilegal, la administración judicial impuesta por el fallecido fiscal Claudio Bonadío omitía cobrar algunos alquileres, no pagaba los impuestos, no hacía el mantenimiento e incluso hubo propiedades usurpadas y robadas.

El fallo a favor de Cristina Fernández reafirma la convicción de analistas independientes de que los procesos en su contra y miembros de su gabinete se siguen desarmando uno a uno ante testimonios y peritajes concluyentes.

Lo único que los mantiene en pie, agregan, es la persistencia de la coalición política, mediática y judicial que maneja las causas, por inconsistentes que sean, y el sistema de comunicación hegemónico, cuyos pilares son los diarios La Nación y Clarín.

Según el sociólogo, Atilio Borón, doctorado en Harvard, Estados Unidos –instigador de la mayoría de los golpes de estado en el siglo XX- desde hace dos décadas cambió de estrategia y fomentó los llamados “golpes blandos”, mediante la acción de una tríada formada por integrantes del poder judicial, políticos de partidos de derecha y periodistas de medios hegemónicos.

Bajo el eufemismo de observar en terreno las “buenas prácticas de una democracia moderna”, el Pentágono y el Departamento de Estado iniciaron programas que comprenden invitaciones a académicos, abogados, fiscales y periodistas.

Esta nueva estrategia comenzó a “rendir sus frutos” a partir de 2009 con la destitución del presidente hondureño, Manuel Zelaya. Luego siguió con Fernando Lugo en Paraguay,  y los procesos judiciales contra Dilma Rousseff y Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández en Argentina.

Quienes han denunciado esta “guerra judicial” señalan que el objetivo final es la eliminación de determinados personas y fuerzas políticas populares como alternativas de poder, especialmente en América latina.

La investigadora del Instituto Humboldt de la Universidad de Berlín, Valeria Vegh Weiss, en un paper publicado en el diario Página 12 de Argentina, se pregunta “¿quiénes son los verdugos de estas muertes políticas y jurídicas”?

Y responde: “los verdugos son cuatro viejos poderes: el judicial, el mediático, el corporativo y el internacional”.

Al profundizar en el papel de los medios concentrados de comunicación, en su análisis señala que son los que “clavan la estaca política”, pilar fundamental del lawfare.

“Repiten acusaciones y estigmatizaciones sin contenido, asedian con títulos de fantasía del escándalo de turno (recordemos el “Lavajato” o “Los cuadernos de Cristina”), la palabra corrupción y los nombres de las personas presuntamente involucradas. No tratan de informar ni transmitir información clara y comprensible sino de crear sentido. Aquí juegan de la mano un rol fundamental las redes sociales con su transmisión ininterrumpida de mensajes”, enfatiza en su estudio. En el caso de Cristina Fernández, los procesos en su contra avanzan a paso de tortuga porque la realidad es que la lentitud se debe a las dificultades que plantean acusaciones en su mayoría vacías, sin pruebas o, incluso, con pruebas en contrario.