En su recta final se encuentra el proyecto de ley anti colusión. Al respecto, el senador Alfonso De Urresti, Presidente de la Comisión de Constitución, aseguró que “estamos conjugando una justa armonía entre estas dos instituciones para que se puedan destruir estos carteles y sancionar administrativamente con multas a los infractores, pero también penalmente”.

Hoy sesiona en Santiago la Comisión de Constitución del Senado para despachar a la Sala el proyecto de ley, en segundo trámite, que fija nuevas normas para la defensa de la libre competencia.

El presidente de la instancia parlamentaria, Alfonso De Urresti explicó las respectivas competencias del Ministerio Publico y de la Fiscalía Nacional Económica en la persecución de estos delitos.

“En primer lugar quien conoce primero es la Fiscalía Nacional Economía, quien tiene una serie de medidas para poder llevar adelante esta investigación en materia de interceptación de comunicaciones, registro de computadores y de esa manera con la confidencialidad y reserva que reviste esta investigación, llevarla adelante. Luego de eso, presentada la querella por parte de esta institución, interviene el Ministerio Publico”, aclaró el legislador.

Respecto de la figura de la delación compensada, el parlamentario dijo que “el primer delator, quien abre la posibilidad de investigación en la Fiscalía Nacional Económica, tendrá un tratamiento especial desde el punto de vista de su declaración en sede penal para no tener interferencia entre estas dos instituciones”.

Asimismo, De Urresti dijo que “se ha buscado una formula para interrumpir la prescripción para que mientras exista la investigación en la Fiscalía Nacional Económica no este corriendo el plazo de prescripción en el Ministerio Publico para poder luego perseguir la responsabilidad penal”.

“Estamos conjugando una justa armonía entre estas dos instituciones para que se puedan destruir estos carteles y sancionar administrativamente con multas a los infractores, pero también penalmente”.

El congresista también explicó que también existe la figura del segundo delator, “persona que colabora y entrega información, pero no en primera instancia, para también otorgarle a él una atenuante de rebaja de un grado en la pena. Esto es para facilitar la investigación de los carteles de colusión y dar un incentivo para los que concurren primero a declarar”.

Finalmente, De Urresti dijo que “al igual que en la ley Emilia y en la de control de armas, los condenados van a tener al menos un año de cárcel. Nosotros estamos subiendo las penas considerablemente para que exista pena efectiva con reclusión, y no obstante el juego de atenuantes y agravantes van a tener cárcel efectiva en cualquiera de los casos”, sentenció el senador PS.