En relación al llamado a los parlamentarios, respecto de reformas en curso a la Constitución y al Código de Aguas, realizado por organizaciones de regantes y agricultores, vengo en señalar:

Hoy más de 50 mil personas de nuestra región se abastecen con camiones aljibes. En tanto, más de 9.100 lts/seg de derechos consuntivos, permanentes o eventuales, no se utilizan y pagan una patente. Existen, asimismo, múltiples conflictos derivados de la contaminación. O sea, mientras demasiados no tienen agua para beber o lavarse, algunos no la ocupan -muchas veces con fines especulativos- y otros la ensucian. Obviamente, algo falla.

Más aun, informes técnicos advierten que vivimos un proceso de desertificación que implicará una permanente menor disponibilidad de agua y mayores temperaturas. Si no hacemos algo esto impactará en actividades productivas y en la vida cotidiana.

Mi responsabilidad como parlamentaria es mirar al futuro y velar por el bien común. Por eso he impulsado buscar nuevas fuentes y un uso eficiente, promoviendo la desalación y la reutilización de aguas grises y generando, además, una normativa constitucional y legal que asegure un uso sustentable y racional de este vital elemento, apuntando a:

  • Declarar todas las aguas como un bien nacional de uso público. No hay en esto cambio de ningún tipo. Sólo se recoge en la Constitución el texto ya existente en los actuales códigos.
  • Reconocer que la situación de escasez no permite seguir entregando derechos indefinidos. Se propone, entonces, que los nuevos –recalco los nuevos- otorgamientos sean concesiones temporales, en cuya entrega tenga preferencia el consumo humano, doméstico y el saneamiento, resguardando los usos ancestrales y el caudal ecológico.
  • Respecto de los derechos vigentes, se reitera algo que ya está en la Constitución y que es común a cualquier propiedad: que podrá limitarse o restringirse en razón de su función social y el interés nacional. En este caso, para asegurar los usos prioritarios señalados.
  • Sobre la gestión, se indica que se dispondrá de un manejo sustentable e integrado de los recursos hídricos de las cuencas, que considere las características de cada zona del país y que asegure la participación e información de la ciudadanía.

Respondo, por tanto, a la solicitud de regantes y agricultores afirmando categóricamente que no se pone en riesgo en modo alguno la actividad agrícola.

Ninguna propuesta extingue o caduca automáticamente los actuales derechos. Tampoco hay riesgo para quienes los estén utilizando en actividades productivas cuando no se encuentren afectados usos preferentes. Cuando estos fines prioritarios estén vulnerados la autoridad deberá adoptar prudencialmente las medidas que correspondan para garantizarlos. ¿A alguien puede parecer arbitrario que la DGA restrinja parcial y temporalmente un derecho con el fin de abastecer a quienes no tienen agua para bebida y aseo personal? ¿Es abusivo limitar un derecho que no se está ocupando para suministrar a un APR?

Devuelvo el llamado instando a no construir temores infundados. Apelo a la responsabilidad social de canalistas y agricultores para forjar acuerdos en torno a una normativa que, más allá de intereses corporativos, se adapte a la nueva realidad climática, establezca condiciones más restrictivas para nuevas concesiones e imponga al ejercicio de los actuales derechos limitaciones y obligaciones moderadas y razonables, en resguardo del bien común y, especialmente, de la subsistencia y necesidades más elementales de otros habitantes de nuestra región y del país.